Después de la purga de 27 militares por el asesinato de civiles, dimite el jefe del Ejército colombiano, Mario Montoya

El jefe del Ejército colombiano, Mario Montoya, renunció el martes a su cargo en medio de un escándalo por las ejecuciones extrajudiciales cometidas, al parecer, por militares. La dimisión llega cinco días después de que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, anunciara la retirada de sus cargos de 27 oficiales y suboficiales del Ejército, De los expulsados, tres tienen la estrella de general —Roberto Hernández Pico, José Joaquín Franco Cortés y Paulino Coronado— y, de ellos, dos son comandantes de División; además, hay cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán y un teniente

 

 

Álvaro Uribe, rodeado de los responsables de las Fuerzas Armadas

 

La decisión coincidió con la visita de Navi Pillay, la nueva Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en un momento en que Colombia ha recibido serios varapalos de dos reconocidas ONGs internacionales: Amnistía Internacional y Human Rights Watch. La funcionaria escogió la nación sudamericana como destino de su primera visita desde que ocupa el cargo.

 

Las Fuerzas de Seguridad explicaron entonces que eran miembros de bandas paramilitares emergentes caídos en enfrentamientos con el Ejército. Pero los familiares acudieron a los medios de comunicación para negar que pertenecieran a organizaciones criminales.

 

En la breve intervención en la que Montoya comunicó su dimisión pidió a los colombianos que no condenaran a los militares investigados en el caso de la desaparición y posterior homicidio de los jóvenes «sin antes haberles concedido el derecho a defenderse».

 

 

 

El ex-jefe del Ejército colombiano, Mario Montoya

 

La práctica de las ‘ejecuciones extrajudiciales’ ha sido denunciada por organizaciones que defienden los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional. Según esta ONG en 2007 se produjeron al menos 330 ejecuciones por parte de las fuerzas del orden.

 

La Fiscalía tiene abiertos 400 casos y se cree que podrían estar implicados 110 integrantes de la fuerza pública. Los civiles desaparecidos que podrían haber corrido la misma suerte rondan los 1000.

 

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