Gijón. El Ayuntamiento del PSOE-IU aplica un «Catastrazo», con subidas que triplican el valor actual de cada vivienda, en plena crisis

Los propietarios gijoneses reciben desde unos hace días por correo certificado las notificaciones de la Dirección General del Catastro, un verdadero «Catastrazo» debido a la cuantía de las subidas

 

 

Los propietarios gijoneses reciben desde unos hace días por correo certificado las notificaciones de la Dirección General del Catastro, un verdadero «Catastrazo» debido a la cuantía de las subidas.

 

Un proceso obligado por ley, al haber pasado más de una década desde la última revisión y haberse renovado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que bien podía haber tenido en cuenta la situación de profunda crisis y deterioro de cientos de familias gijonesas bajo la amenaza constante de paro, que se situará durante el año 2009 en una tasa del 15%, según los cálculos más optimista.

 

En vez de eso y contraviniendo todos los mensajes de Zapatero, sobre que los más desfavorecidos tendrían «algún» tipo de cobertura frente a la crisis, el Ayuntamiento de Gijón del PSOE-IU, se suma a las subidas bestiales del Catastro, un incremento -que como mínimo dobla y, en muchos casos, triplica el actual valor de cada vivienda- y que tiene una incidencia directa en el pago de impuestos a todas las administraciones, desde el IRPF del Estado al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) que recauda el Ayuntamiento. De hecho, la misiva que el Ministerio de Hacienda remite a cada gijonés ya incluye datos facilitados por el Ayuntamiento sobre la repercusión de la subida en el pago del IBI del año que viene.

 

El Ayuntamiento de Gijón aprobó en un reciente Pleno aplicar la subida de manera escalonada durante diez años y bonificar a ciertas familias por la cuantía de sus miembros o la propiedad de una vivienda social. El Ayuntamiento de Gijón también favorece un pago fraccionado del impuesto. Sin embargo, muchos contribuyentes piden ya una rebaja del tipo de gravamen, que ahora mismo es del 0,5723, para frenar el impacto real de la revalorización de sus inmuebles. Los ciudadanos han expresado su inquietud por la repercusión de esta subida en otros impuestos donde no hay un compromiso real de adoptar medidas para minimizar las consecuencias de la actualización.

 

Las quejas vecinales se han dejado oír en el movimiento vecinal urbano, pero también en el de la zona rural. Allí, y tras las duras movilizaciones de contestación al PGOU, se ha recibido de mal grado una subida catastral que, aseguran, convierte la zona rural en urbana a fines contributivos, mientras el planeamiento municipal sigue limitando las capacidades de edificación de los propietarios.

 

Algunos ciudadanos afectados por esta revisión catastral, además, denuncian irregularidades en los datos que sobre sus viviendas maneja el Catastro y, muchos más, critican la complejidad de la información que se les remite en la notificación donde una serie de cifras y referencias legales terminan en una nueva valoración del suelo y la construcción como base del valor catastral total.

 

A partir de esta comunicación, cada propietario puede interponer una reclamación en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la carta, que estará certificada, ante la sugerencia del Catastro. La reclamación va dirigida al tribunal económico-administrativo regional aunque si el valor catastral del inmueble es superior a 1.800.000 se puede recurrir directamente al tribunal económico-administrativo central.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *