¡A tortas!. Guerra abierta en el Gobierno de Zapatero

Guerra abierta en el Gobierno entre Pedro Solbes, ministro de Economía, y Miguel Sebastián, titular de Industria. Tan sólo un día después de que Solbes echara por tierra la eliminación del impuesto de matriculación, una medida que Sebastián había prometido al sector del automóvil, el Ejecutivo ha paralizado la Ley de Comercio, que ha elaborado Industria. Las razones, las pegas de la nueva ley y su ambigüedad. Jose Blanco: «El nuevo Gobierno es Zapatero en estado puro», 14 de abril de 2008

 

 

 

El Gobierno se había comprometido con las grandes empresas de distribución -El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski, Ikea y Leroy Merlin, entre otras- a liberalizar el mercado, eliminar las trabas autonómicas a su desarrollo y acabar con las moratorias que les impedían abrir nuevas tiendas. Pero la propuesta que ha elaborado Sebastián es muy ambigua y no lo garantiza, dejando abierta la puerta a posibles bloqueos administrativos frente a la gran distribución.

 

Solbes rechaza de plano esta propuesta y obliga a llevar a cabo una liberalización total del mercado, eliminando todas las trabas y moratorias autonómicas, para ajustar la normativa española a la directiva europea.

 

Prueba de su desconfianza hacia Sebastián radica en que, según han confirmado fuentes de toda solvencia, Economía se opone incluso a que Industria lleve a cabo un desarrollo particular de la ley, asegurando que bastaría con reformar algún artículo y desarrollar la ley marco que permite la transposición de la directiva europea de servicios, conocida como Bolkestein. Después de casi tres semanas de debate interministerial, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunciaba, tras el Consejo de Ministros, que el proyecto no está todavía maduro.

 

Pegas a la nueva ley

 

La Confederación Española del Comercio (CEC), que defiende los intereses de más de 400.000 pequeños y medianos comerciantes, emitió ayer un comunicado en el que asegura «celebrar la decisión tomada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de paralizar el proyecto de ley que se tenía que aprobar en el Consejo de Ministros». De la Vega, sin embargo, se ha limitado a anunciar una decisión adoptada por Solbes.

 

A pesar de que la propuesta de Sebastián no garantizaba el desarrollo de los grandes, la CEC no se da aún por satisfecha. La organización explica que se opone a la nueva ley propuesta por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, «porque cambia el modelo de política comercial, rompe el consenso, invade las competencias estatutarias, daña al comercio local y compromete el desarrollo urbano de la población, favoreciendo a las grandes superficies y rompiendo consecuentemente el equilibrio entre todos los formatos».

 

El Gobierno ha prometido una negociación con todos los sectores implicados, pero lo tiene muy complicado porque no le queda otro remedio que cumplir con la normativa europea, tal y como exige Pedro Solbes. De hecho, el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, ha insistido ya en varias ocasiones, la última en presencia del propio Solbes, que «España podría enfrentarse a una denuncia por parte de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si no respeta la ley y elimina las trabas».

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