Los administradores concursales culpan de la quiebra a los directivos de La Camocha

Los administradores concursales culpan de la quiebra a los directivos de La Camocha

 

 

 

El informe de la administración concursal de Mina La Camocha considera a los gestores de la explotación gijonesa «responsables y causantes» de la quiebra y, por tanto, del cierre de la histórica mina gijonesa. Los administradores rechazan como justificativos de la quiebra los argumentos que ofreció la dirección de Mina La Camocha al solicitar el concurso voluntario de acreedores.

La dirección de La Camocha atribuyó su insolvencia a tres cuestiones: la deuda histórica heredada de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (antigua propietaria de la mina gijonesa), de 15,7 millones de euros, las reducciones de personal y producción y la «precipitada y agresiva» reducción de ayudas públicas por parte del Instituto del Carbón.

El informe remitido al juez por la administración concursal contradice esa versión y señala que «los administradores sociales de Mina La Camocha, también y especialmente, por ser conocedores de la situación de la empresa con los incumplimientos legales en el cobro de ayudas y subvenciones, así como de las deudas con el personal pasivo que se generaban y no pagaban a su vencimiento, son especialmente responsables y causantes de la situación actual».

La quiebra de Mina La Camocha se produce por el desfase entre su patrimonio, valorado en 56,93 millones de euros, y sus deudas. Las deudas ordinarias ascienden a 162,76 millones de euros, por lo que el déficit patrimonial ordinario es de 105,84 millones de euros. A esta cifra hay que sumar al menos otros 18,51 millones de euros de créditos contingentes (fundamentalmente las deudas con los prejubilados).

Los administradores judiciales recuerdan que entre 1998 y 2007 Mina La Camocha recibió subvenciones por 218.552.969,44 euros, de las que ahora el Instituto del Carbón «debe recuperar, por entrega indebida, la escalofriante cantidad de 131.228.254,60 euros»; que el incumplimiento de un convenio con la Seguridad Social llevó a ésta a transformar en deuda de La Camocha un crédito participativo de 32,41 millones de euros y que los gestores de La Camocha dejaron de pagar los complementos a prejubilados a partir del año 2002, «dando lugar a la interposición de cientos de demandas en reclamación de los importes adeudados que podrían ascender hasta 12.685.757,51 euros».

El informe concursal también señala que, en base a la propia contabilidad de La Camocha, «de no ser por el préstamo participativo de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuya cantidad computa como fondos propios, Mina La Camocha ya estaría en causa de disolución en el año 2004». De hecho, el informe de la auditoría de las cuentas anuales de la empresa de ese año se refiere a la falta de información sobre la deuda de los complementos de prejubilados y a las incertidumbres por la investigación del fraude de subvenciones impulsada por la fiscalía anticorrupción, la inspección de la Intervención General del Estado sobre las ayudas concedidas y la reducción de ayudas en un 42,5%.

 

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