«El procedimiento judicial de Garzón sobre los desaparecidos del franquismo no va al fondo del asunto». Entrevista a la abogada Virginia Díaz

Virginia Díaz, es abogada de profesión, ejerce en despacho propio, pertenece al Foro por la Memoria desde su constitución. Ha trabajado en el protocolo de exhumaciones y lleva junto José Antonio Moreno, la dirección jurídica de todas las actuaciones que se han realizado, denuncias, diligencias etc.

También trabaja en distintos organismos de derechos humanos y ha formado parte de las acusaciones populares contra los militares argentinos y chilenos, en los juicios celebrados en la Audiencia Nacional, en representación de Izquierda Unida. Es miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de IU y desde ahí ha representado a esta organización en los procedimientos contra la condecoración de Melitón Manzanas y la declaración de víctima del terrorismo en el caso Menchac

Mundo Obrero: Además de abrir el debate, ¿qué significado tiene la iniciativa del juez Garzón para investigar los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo?
Virginia Díaz:
En primer lugar, ante las claras carencias que tiene la Ley de la Memoria, consideramos positiva cualquier actuación que cubra dichas carencias y las impulse. Hay un apartado de la Ley de la Memoria que dice que el Estado tiene la obligación de hacer un mapa de fosas y que todas las administraciones se pusieran a la labor de sacar esos restos y dárselos a las familias que todavía no ha sido realizado.

M.O.: ¿Cómo valoráis la iniciativa desde el Foro por la Memoria?
V.D.:
Para nosotros el problema de este procedimiento judicial es que no va al fondo del asunto. Para el Foro por la Memoria, lo que ocurrió desde el golpe de Estado del 36 hasta que muere el dictador, no es ni más ni menos que delitos contra la humanidad, delitos que son imprescriptibles, delitos que son perseguibles por cualquier tribunal porque son delitos de persecución internacional y por lo tanto son delitos cuya persecución judicial debe de llegar hasta el final.

Desde la Audiencia Nacional lo que se pretende es que el juzgado impulse la búsqueda de las personas desaparecidas por el hecho de estar desaparecidas y no va más allá.

M.O.: ¿Pensáis que la actuación de la Audiencia Nacional se limitará a la elaboración del censo de desaparecidos o irá más lejos?
V.D.:
No sabemos a dónde va a llevar el procedimiento del juez Garzón porque ni siquiera ha admitido a trámite las denuncias. En principio lo que parecía una buena noticia ya tiene una primera frenada en el sentido de que ahora resulta que se va a poner a investigar todo lo que sucedió en la guerra, tanto desde los asesinatos llevados a cabo por los alzados como las sentencias de los tribunales populares que se crearon en la República. Si desde el principio el procedimiento hubiera ido dirigido a la persecución de delitos de lesa humanidad no cabría duda de qué delitos habría que perseguir, y qué hechos habría que investigar, porque los delitos de lesa humanidad sólo los cometieron unas personas, que fueron los alzados y no el ejército que defendía la República.

M.O.: Otro tema que se debate es la competencia del juez Garzón en este tema. ¿Es competente o no?
V.D.:
Parece que está pidiendo recopilación de información para determinar si él es competente o no. Su competencia está fuera de toda duda para delitos contra la humanidad como genocidio y delitos de lesa humanidad, porque es competencia de la Audiencia Nacional. Pero como no se ha orientado por ahí… El juez lo que tiene que investigar y documentar es si efectivamente existe una planificación para el exterminio, que para nosotros está fuera de duda simplemente con las primeras órdenes y los primeros bandos que se editan desde que dan el golpe de Estado. Si se cogen las órdenes de Mola, del «carnicero de Sevilla» Queipo de Llano… está claro que todas las directivas están dirigidas a exterminar a la parte de la población vencida tras el golpe militar, y así se ejecutó, por lo tanto, en ese caso no habría duda de la competencia que el propio Garzón se está cuestionando.

M.O.: ¿Y le compete a él la recopilación de información sobre las víctimas?
V.D.:
Para nosotros eso no es competencia de un juzgado. Si nos vamos a los modelos de América Latina, donde se dan las figuras de las desapariciones, han sido los gobiernos los que han hecho el Informe Nunca Más, el Informe Rettig, el Informe Desaparecidos de Uruguay… porque ese es el trabajo previo de recopilación de los asesinatos, de las víctimas que ha habido con nombres y con apellidos.
Para nosotros, insisto, esta iniciativa es favorable en el sentido de que impulsa y saca del letargo la Ley de la Memoria. Lo impulsa y lo mueve, pero realmente ¿le compete al juzgado recabar esta información? A las pruebas nos remitimos. El siguiente paso que ha dado es pedir a las asociaciones que crucen los datos para que no estén duplicados. Eso le corresponde a las Administraciones, tiene que ser oficial; las asociaciones ya han hecho bastante aportando los datos de los que disponen, que ha sido un trabajo de años.

M.O.: La vía para juzgar esos delitos sería identificarlos como delitos de lesa humanidad. ¿Qué son delitos de lesa humanidad?
V.D.:
Tanto el genocidio como los delitos de lesa humanidad son delitos contra la humanidad. El matiz es que el genocidio es la intención de un exterminio global, de toda una población, mientras que los delitos de lesa humanidad constituyen un ataque generalizado contra la población civil, en este caso, el ataque era contra todos los que no estaban adscritos al Régimen y se oponían a él. Se utiliza por primera vez después de la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional y se aplica también por primera vez en los procedimientos en España, concretamente en la condena al capitán de corbeta Adolfo Scilingo.

M.O.: Hay quienes quieren desanimar el proceso argumentando que la incorporación de la figura de delitos de lesa humanidad a la legislación española es posterior a los hechos que se investigan y que no se puede actuar con efectos retroactivos. Pero ¿no quedamos en que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles?
V.D.:
Hay dos elementos fundamentales. Desde el punto de vista del derecho interno los delitos contra personas desaparecidas nunca prescriben. Mientras no aparezca el cuerpo del desaparecido el delito no empieza a prescribir, son delitos permanentes. Y también el delito permanente está contemplado en el derecho penal universal. Pero es que nosotros estamos hablando de delitos universales, de delitos que son perseguibles por cualquier tribunal e imprescriptibles. Es cierto que toda la regulación surge a raíz de la sentencia del Tribunal Nuremberg, pero ya había un derecho internacional consuetudinario anterior a esa sentencia. Lo que hacen los convenios y normas internacionales es recoger eso que estaba diseminado, pero ese cuerpo normativo existe y estos delitos son imprescriptibles siempre que se enfoque una denuncia desde el punto de vista de la persecución de los responsables de la comisión de delitos contra la humanidad.

M.O.: La recuperación de la memoria histórica tiene diferentes interpretaciones para las diferentes asociaciones, ¿qué significado tiene para vosotros?
V.D.:
Para nosotros todo el movimiento de recuperación de la memoria que parece que va dirigido únicamente a recuperar los muertos y enterrarlos en un cementerio se nos queda corto. Nuestro concepto de Memoria Histórica va mucho más allá. Aquí, en este país, el modelo de democracia que tenemos ahora mismo es un modelo que viene heredado de toda una historia que sucedió desde el año 31, en que se proclamó la República, hasta aquí. Y ahora nos encontramos con una democracia incompleta en la que por dibujar una caricatura de la monarquía puedes acabar en la cárcel. Una monarquía impuesta en una supuesta democracia donde todos son elegidos por sufragio menos el monarca. La República que fue cercenada era la República que pretendía el cambio de un sistema. Y era un cambio profundo. Esa es la que liquidaron. Y el modelo de sociedad que nosotros queremos cuando reivindicamos la república es un modelo de república social, socialista, no es un modelo cualquiera. Es importante subrayar que la memoria no consiste en sacar los restos; hay que recuperar la dignidad y los principios por los que lucharon y murieron los defensores de la República.

M.O.: Cuando el Foro por la Memoria realiza exhumaciones lo hace con un protocolo de actuación muy riguroso. ¿Qué es lo que se pretende conseguir con este protocolo?
V.D.:
El Foro por la Memoria tiene un protocolo de actuación en el que no se trata de exhumar los restos por exhumar los restos. Una de las críticas que nosotros hacemos a la Ley de la Memoria es que no se trata de la recuperación de una memoria familiar, es una recuperación de la memoria colectiva y por eso el Foro siempre que actúa lo hace desde la perspectiva de que en España hubo un golpe de Estado militar que cercenó no sólo una República sino lo que pretendía esa República, que es la memoria que hay que recuperar a fecha de hoy. La recuperación es colectiva, política y social.

Pero además, lo que nosotros decimos es que hay que documentar todos los hallazgos. A nosotros no nos vale con que se saquen los restos y se entierren. Eso para nosotros es enterrar la memoria. Los restos tienen que ser documentados oficialmente, a través de los atestados judiciales, y debe de haber una intervención judicial como en cualquier asesinatos, porque estos fueron asesinatos que se cometieron. Y por eso debe de haber indagaciones sobre quién fueron los responsables, porque si están vivos hay que llegar hasta el último eslabón de la cadena de responsabilidades. Por eso nosotros siempre hemos actuado poniendo denuncias previas a las actuaciones para implicar al poder judicial. Y cuando hemos encontrado restos, se han depositado en el Juzgado y se han remitido al Instituto Nacional de Toxicología para proceder a la identificación.

Si desde el Foro no hemos metido antes el procedimiento es porque lo que pretendemos es completar un puzzle con las actuaciones de los distintos juzgados en las distintas comunidades. Cuando tienes restos documentados es cuando puedes ir a un procedimiento judicial grande y armado. Con los medios que tenemos vamos haciendo un mapa y registrando cómo van reaccionando los distintos juzgados.

M.O.: Esa interpretación de la memoria familiar frente a la colectiva, es la que ha impedido que hasta hace un par de semanas la familia de Lorca autorice abrir las fosas donde se piensan que están los restos del poeta. ¿La memoria de Lorca es colectiva o privada?
V.D.:
Sinceramente preguntaría a los familiares del poeta, que desde hace cinco años impiden sacar los restos de Lorca, de los banderilleros y del profesor enterrados con el poeta, que por qué ahora que se lo pide Garzón sí acceden. Que nos den una explicación. Aunque la verdad que a mí no me hace falta su explicación. Es que esos restos no les pertenecen. La búsqueda de esos restos y la recuperación de la memoria es patrimonio de todos, y no sólo la de Lorca sino la de todos los asesinados por defender la República. Eso es lo que pasa cuando uno confunde las esferas y pasa al ámbito familiar, al ámbito la memoria se limita al ámbito del enterramiento, y ese es uno de los problemas esenciales que tiene la Ley de la Memoria.

M.O.: ¿Por qué la Audiencia Nacional que ha abierto investigaciones sobre desaparecidos en las dictaduras de América Latina, no ha hecho nada hasta ahora para investigar las de los al menos 140.000 españoles desaparecidos censados durante la Guerra Civil y el franquismo?
V.D.:
En primer lugar, aquí tenemos un atraso descomunal en comparación con lo que fueron los genocidios y los asesinatos en América Latina, y es que allí cuando llegaron a la democracia, lo primero que hacen las propias administraciones es revisar la tragedia por la que pasaron y poner nombres a las víctimas. Aquí tu puedes ir a un tribunal y te lo van a archivar porque no existe ese trabajo previo que tenían que haber hecho los distintos gobiernos democráticos. Y, sin embargo, aquí en Madrid, ¿por qué siguen adelante los juicios que afectan a Latinoamérica? Porque son delitos universales que se pueden juzgar desde cualquier tribunal porque ya ha había procedimientos e informes que nos permitían tener las pruebas objetivas de lo que estábamos diciendo y que han permitido las condenas. Pero aquí en España cuando se han pretendido hacer denuncias sobre los desaparecidos de nuestra guerra civil hay una carencia absoluta de pruebas que dificulta hasta la propia admisión a trámite de las querellas o denuncias.

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