Servicios sociales: ¿Sólo para pobres?

La educación, la salud, como otras prestaciones son derechos objetivos reconocidos. Tenemos acceso a ellos sin que nadie cuestione nada sobre nuestra vida

Si usted acude al médico, éste no le pregunta cuánto gana, ni con quién vive, ni le investiga su cuenta corriente. Cuando matricula a su hija en la ikastola o en el colegio público, tampoco le someten a este interrogatorio. Se limitan a tramitar su solicitud y a poner en marcha unos derechos universales de ciudadanía. Y es que tanto la educación, la salud, como otras prestaciones son derechos objetivos reconocidos. Tenemos acceso a ellos sin que nadie cuestione absolutamente nada sobre nuestra vida. Quizá uno de los activos más importantes de este amenazado Estado de Bienestar sea el mantenimiento de estos derechos universales. Un ejemplo: Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, gana 3,8 millones de euros al año, pero puede acudir a un centro de salud público y ser atendido sin cuestionarle la fila de ceros de su cuenta corriente. Otra cosa es que vaya.

Los servicios sociales forman parte de un complejo entramado de protecciones que el Estado del Bienestar proporciona a la ciudadanía más débil, menos protegida, más necesitada. Por lo general, los recursos y prestaciones de este sistema se activan ante situaciones socio personales adversas y actúan sobre procesos y estados en las que confluyen restricciones laborales, económicas, familiares o cuando hay una limitada capacidad de las personas para su desenvolvimiento autónomo.

Pueden concretarse en forma de prestaciones económicas, técnicas o mixtas. Pero éstas, a diferencia de las que recibimos del sistema de salud o educativo, están sometidas a la discrecionalidad. Pese al discurso universalista que distorsiona su realidad. Es decir, para acceder a ellas es preciso cumplir ciertos requisitos de carácter económico, social o familiar. Y es que este sistema no ha tenido un desarrollo constitucional completo, ni se presenta tan ordenado, sistematizado y, sobre todo, tan universalizado en su concepción jurídica, como la salud -sólo un 0,3% de la población no tiene acceso gratuito a la sanidad pública- o la educación, prácticamente universal en los niveles obligatorios. Podríamos decir entonces que los servicios sociales forman parte de un sistema de protección social de segunda división. De ahí su carácter subsidiario, estigmatizador, fiscalizador; desconocido y tan perversamente mediatizado por los criterios subjetivos de concesión.

En resumen, los servicios sociales, lejos de ser un sistema de protección de carácter universal, permanecen anclados en la discrecionalidad, la selectividad y el racionamiento. Una prueba de ello es la nueva Ley Foral de Servicios Sociales. Esta ley establece algunas prestaciones garantizadas, de las cuales se dice que son exigibles jurídicamente como derecho subjetivo, derecho que no puede ejercitarse sobre aquellas otras que no están en la cartera y también necesarias. Y esto al margen de aquéllas que, estando en la cartera no son garantizadas y, por tanto, siendo necesarias, se aplican discrecionalmente.

De forma tradicional, los servicios sociales han focalizado su atención en los grupos más desprotegidos: mujeres, población anciana, menores, inmigrantes, pobres de solemnidad, excluidos, personas con discapacidad, población reclusa o sectores sociales fuertemente excluidos y precarizados. Creo que esta segmentalación debe corregirse, si realmente el sistema trata de ser universal, público e igualitario. Y es que lejos de ocuparse de las necesidades de todas las personas, sin distinción, los servicios sociales se han ocupado, y todavía se ocupan, sólo de algunas necesidades de un determinado tipo de personas. Incluso sus condiciones de acceso, limitadas y segmentalizadas, hacen que su uso sea restringido a los sectores más frágiles. Y uno no tiene nada en contra de esto. Al contrario. Pero no es de extrañar por tanto que los baremos y criterios de entrada al sistema desincentiven su utilización, también necesaria, por amplios sectores sociales que deben buscar resguardo en otras redes de protección u otros sistemas alternativos. Sistemas o redes que contribuyen a otro tipo de privatización no cuestionada. Ocurre entonces que, para mucha gente, los servicios sociales son absolutamente desconocidos. En Pamplona un 72% de la ciudadanía no sabe lo que son ni para que sirven. Del 28% restante de población que los conoce, tan sólo el 10% los conoce directamente porque acude a ellos. Hay quien puede pensar que una sociedad con un nivel de pobreza y exclusión asistida del 10% es más que satisfactorio. Que esto es la demostración de nuestra buena salud social. Personal y profesionalmente creo que esta concepción, más militante que técnica y profesionalmente correcta, tiende a perpetuar al propio sistema en una serie de déficits que lo incapacitan para ser realmente universal. Uno cree que los servicios sociales deben seguir priorizando a los sectores más débiles. Sin ninguna duda. Pero sin discriminar a otros sectores, cada vez más amplios, que requieren también de los recursos del sistema. Porque la llamada sociedad del riesgo y la creciente fragmentación social están generando necesidades y precariedades en capas sociales cada vez más extensas y desconocidas por el propio sistema. Esta sociedad cada vez más desintegrada, con menores y más frágiles mallas de protección sociocomunitaria, está ampliando nuevos sectores de población con necesidad de ser acogidos por un sistema universal que supere la atención segmentalizada en favor de políticas e intervenciones integrales.

Quienes creemos en un sistema público fuerte, musculado y eficaz en materia de servicios sociales apostamos porque éste sea conocido, reconocido, referente de calidad de vida, de autonomía, de calidad técnica y de universalidad. Un sistema que interese a la población. No sólo a una parte de ella. Si realmente apostamos por un sistema referente, como la salud o la educación, debemos hacerlo creíble y viable para al 90% de la población que actualmente no lo usa. Debemos transferir productos a quienes no lo utilizan y que lo podrían utilizar porque una serie de necesidades emergentes, producto de nuevas reformulaciones económicas, sociales y familiares, también están afectando a las clases medias cada vez más presionadas por nuevas necesidades. ¿Sería creíble un sistema de salud que sólo fuese utilizado por el 10% de la población? Pues ese es el nivel de incidencia hoy de los servicios sociales. Universalizar supone igualar y con ello evitar el clasismo y la estigmatización, fruto de una oferta racionada y selectiva que, en la actualidad, sólo reproduce una nueva Beneficencia pública. Y universalizar este sistema requiere legislar. Ir más allá de las legislaciones autonómicas para llegar donde éstas no llegan. Generar una ley de carácter estatal, al igual que la Ley General de Sanidad o la Ley de Educación. Y éste es el desafío, una ley que garantice la universalidad de las prestaciones, que las consolide institucionalmente, que logre el pleno reconocimiento social de las funciones de intervención social, que garantice financieramente las prestaciones y su utilización por toda la ciudadanía sin distinción.

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2007/12/04/opinion/d04opi5.831166.php 

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