Sobre los engaños que ahora quieren vender a la población, la alcadesa de Gijón, su fiel mosquetero «Churruca», el consejero de industria Graciano Torre y la «X» de todo este asunto el presidente Vicente, ante el cataclismo en los astilleros de Gijón

Juliana acelera la metamorfosis de la bahía. La factoría acumula deudas millonarias a los dos años de su privatización. El gobierno local, que esta semana inaugura Talasoponiente, encara una nueva crisis del naval, quizás la que aboque al cierre definitivo de esta industria en la bahía de Gijón

 

 Movilizaciones recientes de los trabajadores del naval de la bahía de Gijón

 

El resultado de la gestión de Factorías Juliana en manos del astillero vigués Factorías Vulcano ha encendido los ánimos en los sindicatos del astillero y en el gobierno local, que piden al Gobierno central que aparte de Juliana al empresario Fernando Santodomingo, presidente de Vulcano. A los dos años de su privatización Juliana ha dejado de pagar a las empresas auxiliares, acumula una deuda entre 20 y 30 millones de euros, según los sindicatos, y ha hipotecado sus terrenos a favor de Pymar, quien ya poseía los terrenos de Naval Gijón.

El incendio entre los responsables políticos y los sindicatos de Juliana se ha propagado de rebote a la plantilla de Naval Gijón, que el pasado jueves reanudó las movilizaciones, al ver peligrar sus posibilidades de recolocación tras el cierre inminente del astillero de Poniente. La empresa que iba a ser su tabla de salvación hace agua. Así el gobierno local, que esta semana inaugurará el centro de Talasoponiente, nuevo espacio de ocio y equipamiento turístico, encara la nueva etapa de la bahía de El Natahoyo con una más de las crisis del sector naval.

Que se llegara a esta crítica situación era sólo cuestión de tiempo, según el comité de Juliana, que se opuso desde el primer momento a que la SEPI vendiera su astillero a Vulcano. A finales de 2006 Vulcano tomaba las riendas del astillero de El Natahoyo, culminando un proceso de privatización de más de dos años. La SEPI había incumplido el acuerdo con los sindicatos de diciembre de 2004 para vender de forma conjunta los astilleros de Izar en Gijón, Sestao y Sevilla, y la fábrica de motores de Manises. El 2006 la sociedad pública y CC OO y UGT suscribieron un nuevo pacto en el que se reflejaban las garantías para los trabajadores, al tiempo que las centrales asumían que no hubiera venta conjunta. Esas garantías suponen en la práctica que en caso de quiebra de Juliana se prejubilarán o recolocarán 154 de los 178 trabajadores que hoy tiene el astillero. A los más de 800 trabajadores de la industria auxiliar les quedaría el paro.

De nada sirvieron las movilizaciones de los trabajadores de Izar contra la privatización y contra la venta individual. Ni las advertencias del comité de la dudosa solvencia del adjudicatario. La SEPI se aferró a un informe de Boston Consulting que consideraba a Vulcano como el mejor postor, debido a que ofrecía la construcción de un quimiquero y mantenía todos los empleos. La otra oferta por Izar Gijón que quedaba entonces en liza, la de Construcciones Navales del Norte, planteaba prejubilar a 50 trabajadores en el astillero gijonés.

Los sindicatos preferían a Construcciones Navales del Norte, pero la SEPI vendió por 2,8 millones de euros Juliana a Factorías Vulcano, pese a la deuda que el astillero gallego mantenía con el ICO, que ahora le reclama judicialmente 17 millones.

El grupo gallego no llegó a traer ningún quimiquero a Gijón, para ahorrase los 13,4 millones de euros de inversión, que había comprometido para dragar la zona de botadura de la grada y para ampliar la capacidad de la dársena de armamento. En su lugar, aportó buques sísmicos contratados por Vulcano con el armador noruego Rieber que han acarreado pérdidas para la factoría naval de El Natahoyo.

Las duras declaraciones que ha hecho ahora el gobierno local contra el presidente de Vulcano, considerando su proyecto «fracasado», se contraponen al apoyo que esa opción tuvo por parte de la Alcaldesa y su equipo de gobierno en 2006. En mayo de aquel año, tras una reunión con el comité de empresa, el gobierno local rechazó respaldar su propuesta para exigir a la SEPI que declarara desierto el concurso de la privatización, ante la falta de una oferta conjunta por los astilleros en venta. El consejero de Industria, Graciano Torre, también defendió la operación; como Paz Fernández Felgueroso, apoyó la opción de Vulcano, porque mantenía a toda la plantilla de Juliana y aportaba carga de trabajo. La Alcaldesa se pronunció en la misma línea que los líderes estatales y regionales de MCA-UGT un mes antes. No así la Federación Minerometalúrgica de CC OO, que advertía del riesgo de especulación en los terrenos del astillero. Dos años después ayuntamiento y sindicatos piden el regreso de Juliana al sector público, algo inviable, según la SEPI.

El sector naval gijonés encara de nuevo un proceso crítico, si cabe, más complejo que los anteriores, por la coyuntura internacional. Mientras tanto, el avance del sector turístico y de los planes de futuro para la bahía de El Natahoyo avanzan: ya hay acuario y balneario.

lne

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